Con la nueva crisis económica que empieza a arreciar tras la cuarentena, hemos perdido la cuenta de las sucesivas crisis económicas que ha sufrido la población trabajadora de este país y occidente en general (recordemos que en los países pobres están en crisis permanentemente): La del año 29, las dos del petróleo, la del 2008, cuyas élites financieras arrastraron a la clase trabajadora al empobrecimiento masivo mientras ellos multiplicaron sus ingresos , y ahora ésta derivada de la pandemia de la COVID-19.
Las continuas crisis del sistema capitalista se dan mientras se produce una cada vez más alta productividad, ocasionada por la constante modernización tecnológica y la robotización cuya consecuencia es el aumento colosal de ingresos de las empresas; a la vez que más empleo elimina, y, en consecuencia, más precariedad para LA CLASE TRABAJADORA a través de la subcontratación, del trabajo a tiempo parcial, alta temporalidad, trabajos por horas, falsas autónomas/os, trabajos sin contrato, minijobs, etc.
La pérdida de derechos y desprotección ha precipitado a vivir bajo el umbral de la pobreza y/o exclusión social a una enorme cantidad de personas. La cifra alcanza a 12 millones de personas, que no tienen la seguridad de poder alimentarse adecuadamente, pagar la energía que consumen, la vivienda, la educación de las hijas e hijos. Ejemplo vivo de esta realidad es la inmensa cola de hombres y mujeres para obtener una cesta de alimentos o la asistencia a comedores sociales. Aquí se pone de manifiesto la red de apoyo de gente solidaria que lo procura mientras las administraciones niegan.
La responsabilidad de este empobrecimiento generalizado es de los sucesivos gobiernos de la mano de las grandes empresas del IBEX 35 y la UE, que han basado sus políticas económicas en favorecer el enriquecimiento de esas grandes empresas y fortunas, con incentivos económicos de todo tipo, a través de la aprobación de las consecutivas reformas laborales o rebajas de impuestos generalizadas a los más ricos, mientras subían los impuestos indirectos que afectan a la clase trabajadora.
Al empeoramiento del mundo laboral hay que añadir las encadenadas privatizaciones y recortes en los servicios públicos como sanidad, educación y dependencia, que han provocado la reducción al mínimo estos servicios tan esenciales para la población más necesitada de ellos.
En cuanto a las prestaciones sociales las diferentes administraciones públicas establecieron distintos tipos de prestaciones de carácter no contributivo como son las diversas Rentas Mínimas de Inserción, las Pensiones No Contributivas (en diversas modalidades) y otros tipos de rentas y subsidios asistenciales. Con escasas cantidades a percibir (sobre 400 euros) y excesiva burocracia, tiempos de espera e investigación de recursos. En el caso de Andalucía, por ejemplo, para la Renta Mínima de Inserción, si accedes a ella, el tiempo aproximado de reconocimiento de dicha prestación es de año y medio.