Y es que el Estado español se encuentra a la cola de la UE en el arraigo del teletrabajo, con un porcentaje inferior al 3% del total de empleos, muy por debajo de la media europea en el sector privado. Pero también en el sector público, pues la media de funcionarios/as que teletrabajan es del 6,7%, frente al 17% de Europa y el 51% de Suecia. Y es que una gran parte del empleo público no implica una atención presencial, por lo que se podría perfectamente implementar el teletrabajo, ahorrando con ello a las arcas públicas elevados costes de inmuebles e infraestructura innecesaria.
CNT reivindica que se legisle cuanto antes para que el teletrabajo se devenga obligatorio en los sectores de actividad en los que sea posible técnicamente. Existen multitud de actividades en las que tradicionalmente el desempeño del teletrabajo habría sido impensable y que, ahora mismo, se encuentran utilizándolo como consecuencia del COVID19. Las empresas que se encuentren incluidas en los sectores delimitados, tendrían un breve plazo para dotar a su plantilla del conjunto de medios técnicos necesarios para el trabajo a distancia -en particular, los ligados a las comunicaciones- en cumplimiento del Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo del 16/07/2002. CNT reclama que en dicha regulación se tengan también muy presentes las cuestiones de prevención de riesgos laborales, mejorando la Ley de Prevención de 1995, con la finalidad de proteger más aún a las personas trabajadoras que desempeñan su trabajo a distancia y que -durante la emergencia- dependen de una autoevaluación voluntaria.
El sindicato considera que la implementación del teletrabajo es imprescindible y que las circunstancias actuales son las más propicias para iniciar las reformas legislativas que sean necesarias. En una situación de emergencia climática global, que podría ser empeorada por un esperado aumento de la utilización del vehículo privado en los desplazamientos para evitar los contagios, el trabajo a distancia es la única medida que puede garantizar una reducción drástica de la contaminación en las ciudades y hacer el trabajo más eficiente. La reducción de horas de desplazamientos innecesarios y la permanencia en el domicilio, fomentan y protegen la conciliación familiar.
Por todo ello, CNT ha remitido una carta al Gobierno exigiendo una regulación urgente que solvente la situación de inseguridad jurídica y establezca las obligaciones de las empresas para implementar el teletrabajo en los términos que reivindica el sindicato.
