El grito desató la estampida. Los hombres que la mañana del 1 de agosto habían cortado la ruta 40, frente al territorio recuperado a la multinacional Benetton, escaparon hacia el río. El único del grupo que no era mapuche se desvió hacia la casilla de guardia: agarró su mochila, atraveso la maleza hacia el este y llego hasta la orilla. Su campera celeste resaltaba entre el gris y el verde del paisaje. Había llegado a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen el día anterior. Aunque había querido ir varias veces, era la primera vez que pisaba territorio mapuche. Tenía 28 años y llevaba diez meses viajando por Chile y la Patagonia. Planeaba volver a su pueblo natal unos días más tarde para visitar a su familia y juntar algo de plata para el próximo viaje.
Fuente: EL MILICIANO
Santiago Andrés Maldonado, el Lechuga, el Brujo, el artista, el tatuador, el viajero, el nómada de ideas libertarias, el anarquista, desapareció ese mediodía durante la represión de Gendarmería, en un operativo controlado de cerca por las autoridades del Ministerio de Seguridad. A partir de ese momento, su mirada quedó estampada en remeras, banderas y carteles, y se convirtió en stencil en las paredes de todo el país. La imagen se multiplicó por miles en cada una de las marchas a Plaza de Mayo para exigir su aparición con vida. Durante 77 días, una pregunta persiguió a los argentinos como un fantasma de otro tiempo: ¿Dónde está Santiago Maldonado?
La denuncia llegó a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los diarios del mundo se hicieron eco de una desaparición en el país que había dicho Nunca Más. La Justicia investigó la causa como desaparición forzada y puso la lupa sobre Gendarmería. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se cargó sobre los hombros la defensa de sus subordinados y apuntó contra la Pu Lof de Cushamen, que según el Gobierno mantiene vínculos con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una organización clandestina que reivindica la autonomía del Pueblo Mapuche y a la que le atribuyen sabotajes a multinacionales, incendios y robo de ganado en la Patagonia argentina y en Chile.
Hoy 9 de abril comienza el juicio contra nuestros compañeros Jorge y Pablo por los sucesos que tuvieron lugar en Logroño durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Que seis años después continuemos hablando de esta jornada subraya la trascendencia que tuvo entonces. Fue el segundo y último gran paro general realizado con el fin de frenar las políticas económicas del Gobierno del Partido Popular. El éxito de movilización con que se saldó puso en evidencia el descontento social ante los recortes de Mariano Rajoy y sus secuaces.
Algunas de las comunidades de esta región se han levantado para reclamar la tierra y su cosmovisión.
Podría haber sido claro y no haber mentido al trabajador el 30 de abril cuando le dijo que sus condiciones no cambiarían en absoluto. Podría haber reaccionado cuando el trabajador fue, por dos veces (13 y 14 de mayo), a ponerle al corriente del clima insoportable que se vivía en el puesto de trabajo desde la incorporación de su nuevo ‘socio’. Podría haber sido honesto y admitir lo que sólo en la primera reunión y en la conciliación admitió: que no quería otra cosa que el despido. Podría no haber forzado la situación cortando el pago de las nóminas como respuesta a la constitución de la sección sindical. Se podía haber llegado a un acuerdo de forma privada en las cuatro reuniones que tuvo con el sindicato. Pero forzó la situación hasta el extremo en el que no nos dejó otra salida que denunciar públicamente lo que estaba pasando.
Desde entonces, las difamaciones por parte del empresario —el ‘derecho al pataleo’ como él lo llama— y el chantaje económico de los impagos no han cesado. Es una situación que, en mitad de unas negociaciones, no nos parece lógica, y que parece buscar a toda costa una reacción con la que justificarse.
