Extraído de El Salto
El abogado de los sindicalistas, Evaristo Bango, avanza que recurrirán “hasta el final” porque “son inocentes”. A primera hora de la tarde de ayer, se hizo público el fallo del magistrado del Juzgado nº1 de lo Penal, Lino Rubio Mayo.
Dicen que no esperaban otra cosa que no fuera una sentencia condenatoria de parte del juez Lino Rubio Mayo, conocido por sus duras sentencias a insumisos y a sindicalistas, como el caso Cándido y Morala, los sindicalistas de La Naval que inspiraron la película Los lunes al sol.
Por ello cuando recibieron a las 13h de ayer, miércoles 23 de junio, una sentencia de 125 páginas con un fallo condenatorio supieron enseguida que la van a recurrir. El magistrado condena a tres años y medio de prisión a cada uno de los siete acusados, por los delitos de coacciones y obstrucción a la justicia.
Asimismo, les ha impuesto una inhabilitación de dos años y medio y una indemnización a la Pastelería Suiza que se eleva a 150.428 euros, declarando al sindicato CNT como responsable civil subsidiario. Al octavo encausado, un activista sintecho catalán que se encontraba en Gijón uno de los días de las concentraciones, le impone una pena de ocho meses de cárcel por grabar un vídeo y publicarlo en su página de Facebook, bajo el delito de coacciones.
“Son inocentes, no han hecho nada. Fueron unas concentraciones y punto, y eso es lo que está demostrado. La sentencia es alucinante”, indica el abogado Evaristo Bango
La sentencia la firma el juez Lino Rubio Mayo, responsable del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón. El abogado de los sindicalistas, Evaristo Bango, avanza a El Salto que recurrirán “hasta el final”. “Son inocentes, no han hecho nada. Fueron unas concentraciones y punto, y eso es lo que está demostrado. La sentencia es alucinante”, indica. El próximo paso es recurrir ante la Audiencia Provincial de Asturias.
A pesar de que el fallo reconoce que el 3 de mayo de 2016 la Pastelería Suiza se publicitó en un portal de venta para el traspaso del negocio y la adquisición del local (por 325.000 euros) y de que las concentraciones tuvieron lugar en mayo del año siguiente, en 2017, establece que el cierre del negocio se relaciona con la actividad sindical, en vez de con la intención de traspaso de los propios dueños. Y debido a ello establece una indemnización de 35.428 euros en concepto de perjuicios económicos al daño de la pastelería, así como 50.000 euros por daños morales. Para tres familiares del dueño establece una indemnización de 20.000, 10.000 y 10.000 euros respectivamente por daños morales, al tener en cuenta el magistrado los peritos de la acusación particular que indicaron que la familia del pastelero sufrió trastornos adaptativos de ansiedad por las concentraciones ocurridas en la acera de enfrente del local.
El abogado de la acusación particular es Javier Gómez Bermúdez, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que trató asuntos de terrorismo entre 2004 y 2012. Antes de que les representara este ex-magistrado, la familia dueña de la antigua Pastelería Suiza contrató a alrededor de diez abogados de distintos bufetes, detalla la defensa. “Lo único que hicimos fue hacer sindicalismo y creo que lo que busca esta familia es sacar dinero o incluso rédito político, ya que el hijo del empresario es afín a partidos conservadores y ultras”, indicó bajo el anonimato una de las personas condenadas antes del juicio.
El Congreso aprobó en el pasado 11 de marzo la derogación de las penas de cárcel para los piquetes en las huelgas, el artículo 315.3 del Código Penal. A pesar de que los acusados no estaban en un día de huelga, sí se encontraban realizando labores habituales de protesta en el sindicalismo laboral, como concentraciones, reparto de pasquines y uso del megáfono, a raíz de la denuncia por acoso sexual de una ex-trabajadora de la Pastelería Suiza, quefue archivada por falta de pruebas, a lo que el dueño respondió con una demanda por denuncia falsa, que también fue archivada.