Argentina: Han pasado cuatro años. El asesinato de Santiago Maldonado continúa impune

El grito desató la estampida. Los hombres que la mañana del 1 de agosto habían cortado la ruta 40, frente al territorio recuperado a la multinacional Benetton, escaparon hacia el río. El único del grupo que no era mapuche se desvió hacia la casilla de guardia: agarró su mochila, atraveso la maleza hacia el este y llego hasta la orilla. Su campera celeste resaltaba entre el gris y el verde del paisaje. Había llegado a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen el día anterior. Aunque había querido ir varias veces, era la primera vez que pisaba territorio mapuche. Tenía 28 años y llevaba diez meses viajando por Chile y la Patagonia. Planeaba volver a su pueblo natal unos días más tarde para visitar a su familia y juntar algo de plata para el próximo viaje.

Fuente: EL MILICIANO
Santiago Andrés Maldonado, el Lechuga, el Brujo, el artista, el tatuador, el viajero, el nómada de ideas libertarias, el anarquista, desapareció ese mediodía durante la represión de Gendarmería, en un operativo controlado de cerca por las autoridades del Ministerio de Seguridad. A partir de ese momento, su mirada quedó estampada en remeras, banderas y carteles, y se convirtió en stencil en las paredes de todo el país. La imagen se multiplicó por miles en cada una de las marchas a Plaza de Mayo para exigir su aparición con vida. Durante 77 días, una pregunta persiguió a los argentinos como un fantasma de otro tiempo: ¿Dónde está Santiago Maldonado?
La denuncia llegó a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los diarios del mundo se hicieron eco de una desaparición en el país que había dicho Nunca Más. La Justicia investigó la causa como desaparición forzada y puso la lupa sobre Gendarmería. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se cargó sobre los hombros la defensa de sus subordinados y apuntó contra la Pu Lof de Cushamen, que según el Gobierno mantiene vínculos con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una organización clandestina que reivindica la autonomía del Pueblo Mapuche y a la que le atribuyen sabotajes a multinacionales, incendios y robo de ganado en la Patagonia argentina y en Chile.

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Por la absolución de lxs 8 condenadxs

Desde CNT-AIT Gijón trasladamos toda nuestra solidaridad y apoyo a las compañeras que estan siendo reprimidas por el caso de la Pastelería la Suiza. Esta represión es un ataque directo a toda la clase obrera.

Los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) al servicio del Capital quieren eliminar al sindicalismo. La finalidad de Estado y Capital es neutralizar la herramienta creada por la clase trabajadora para defenderse, superar al poder y acabar con la explotación. Ante esto solo se puede ofrecer una respuesta unitaria y solidaria desde la clase obrera.

Señalamos que el llamado «cuarto poder» (medios de comunicación) que hacen el juego a los intereses políticos ocultando y/o manipulando la información, tratando de esconder la realidad.

Las leyes son instrumentalizadas para acallar las luchas sociales. Todas las políticas y reformas aprobadas en los últimos tiempos van dirigidas a sumir a la población en un estado de miseria y coacción a golpe de recortes, imposiciones y prohibiciones.

Ante esto es necesario seamos conscientes y nos organicemos. Solo el pueblo unido es lo suficientemente fuerte para hacer frente al poder sin necesitar ningún tipo de intermediarios. Además hoy más que nunca debemos seguir luchando, contra los magistrados franquistas que siguen teniendo cabida en los juzgados.

Seguiremos luchando por los derechos de los trabajadores y por una hostelería digna, en la que de una vez por todas se acabe con los abusos y la explotación en los puestos de trabajo.

Toda nuestra solidaridad y apoyo a las represaliadas en el conflicto de la Confitería La Suiza.

UNION, ACCIÓN, AUTOGESTIÓN

Tres años y medio de cárcel para siete sindicalistas por concentraciones delante de la Pastelería Suiza de Gijón

Extraído de El Salto

El abogado de los sindicalistas, Evaristo Bango, avanza que recurrirán “hasta el final” porque “son inocentes”. A primera hora de la tarde de ayer, se hizo público el fallo del magistrado del Juzgado nº1 de lo Penal, Lino Rubio Mayo.

Dicen que no esperaban otra cosa que no fuera una sentencia condenatoria de parte del juez Lino Rubio Mayo, conocido por sus duras sentencias a insumisos y a sindicalistas, como el caso Cándido y Morala, los sindicalistas de La Naval que inspiraron la película Los lunes al sol.

Manifestación en Gijón por la #HosteleriaDIGNA

Por ello cuando recibieron a las 13h de ayer, miércoles 23 de junio, una sentencia de 125 páginas con un fallo condenatorio supieron enseguida que la van a recurrir. El magistrado condena a tres años y medio de prisión a cada uno de los siete acusados, por los delitos de coacciones y obstrucción a la justicia.

Asimismo, les ha impuesto una inhabilitación de dos años y medio y una indemnización a la Pastelería Suiza que se eleva a 150.428 euros, declarando al sindicato CNT como responsable civil subsidiario. Al octavo encausado, un activista sintecho catalán que se encontraba en Gijón uno de los días de las concentraciones, le impone una pena de ocho meses de cárcel por grabar un vídeo y publicarlo en su página de Facebook, bajo el delito de coacciones.

Son inocentes, no han hecho nada. Fueron unas concentraciones y punto, y eso es lo que está demostrado. La sentencia es alucinante”, indica el abogado Evaristo Bango


La sentencia la firma el juez Lino Rubio Mayo, responsable del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón. El abogado de los sindicalistas, Evaristo Bango, avanza a El Salto que recurrirán “hasta el final”. “Son inocentes, no han hecho nada. Fueron unas concentraciones y punto, y eso es lo que está demostrado. La sentencia es alucinante”, indica. El próximo paso es recurrir ante la Audiencia Provincial de Asturias.

A pesar de que el fallo reconoce que el 3 de mayo de 2016 la Pastelería Suiza se publicitó en un portal de venta para el traspaso del negocio y la adquisición del local (por 325.000 euros) y de que las concentraciones tuvieron lugar en mayo del año siguiente, en 2017, establece que el cierre del negocio se relaciona con la actividad sindical, en vez de con la intención de traspaso de los propios dueños. Y debido a ello establece una indemnización de 35.428 euros en concepto de perjuicios económicos al daño de la pastelería, así como 50.000 euros por daños morales. Para tres familiares del dueño establece una indemnización de 20.000, 10.000 y 10.000 euros respectivamente por daños morales, al tener en cuenta el magistrado los peritos de la acusación particular que indicaron que la familia del pastelero sufrió trastornos adaptativos de ansiedad por las concentraciones ocurridas en la acera de enfrente del local.

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[VÍDEO] Rueda de prensa Campaña libertad Gabriel Pombo

Rueda de prensa de presentación de la campaña por la liberación de Gabriel Pombo da Silva

🔴⚫Con la participación de:

  • Manual Chao do Barro (Abogado de Gabriel)
  • Elissa di Bernardo (compañera de Gabriel)
  • Alfonso Lázaro (Secretario de Juridica y Pro-Presos/as de CNT-AIT)

https://www.youtube.com/watch?v=5On7u93OUL8

CNT Gijón ante el Ingreso Mínimo Vital

Con la nueva crisis económica que empieza a arreciar tras la cuarentena, hemos perdido la cuenta de las sucesivas crisis económicas que ha sufrido la población trabajadora de este país y occidente en general (recordemos que en los países pobres están en crisis permanentemente): La del año 29, las dos del petróleo, la del 2008, cuyas élites financieras arrastraron a la clase trabajadora al empobrecimiento masivo mientras ellos multiplicaron sus ingresos , y ahora ésta derivada de la pandemia de la COVID-19.

Las continuas crisis del sistema capitalista se dan mientras se produce una cada vez más alta productividad, ocasionada por la constante modernización tecnológica y la robotización cuya consecuencia es el aumento colosal de ingresos de las empresas; a la vez que más empleo elimina, y, en consecuencia, más precariedad para LA CLASE TRABAJADORA a través de la subcontratación, del trabajo a tiempo parcial, alta temporalidad, trabajos por horas, falsas autónomas/os, trabajos sin contrato, minijobs, etc.

La pérdida de derechos y desprotección ha precipitado a vivir bajo el umbral de la pobreza y/o exclusión social a una enorme cantidad de personas. La cifra alcanza a 12 millones de personas, que no tienen la seguridad de poder alimentarse adecuadamente, pagar la energía que consumen, la vivienda, la educación de las hijas e hijos. Ejemplo vivo de esta realidad es la inmensa cola de hombres y mujeres para obtener una cesta de alimentos o la asistencia a comedores sociales. Aquí se pone de manifiesto la red de apoyo de gente solidaria que lo procura mientras las administraciones niegan.

 La responsabilidad de este empobrecimiento generalizado es de los sucesivos gobiernos de la mano de las grandes empresas del IBEX 35 y la UE, que han basado sus políticas económicas en favorecer el enriquecimiento de esas grandes empresas y fortunas, con incentivos económicos de todo tipo, a través de la aprobación de las consecutivas reformas laborales o rebajas de impuestos generalizadas a los más ricos, mientras subían los impuestos indirectos que afectan a la clase trabajadora.

Al empeoramiento del mundo laboral hay que añadir las encadenadas privatizaciones y recortes en los servicios públicos como sanidad, educación y dependencia, que han provocado la reducción al mínimo estos servicios tan esenciales para la población más necesitada de ellos.

En cuanto a las prestaciones sociales las diferentes administraciones públicas establecieron distintos tipos de prestaciones de carácter no contributivo como son las diversas Rentas Mínimas de Inserción, las Pensiones No Contributivas (en diversas modalidades) y otros tipos de rentas y subsidios asistenciales. Con escasas cantidades a percibir (sobre 400 euros) y excesiva burocracia, tiempos de espera e investigación de recursos. En el caso de Andalucía, por ejemplo, para la Renta Mínima de Inserción, si accedes a ella, el tiempo aproximado de reconocimiento de dicha prestación es de año y medio.

Medidas del gobierno económicas y laborales ante la crisis del coronavirus

  • CNT reclama la defensa de los trabajadores despedidos, tanto en EREs encubiertos, por ser eventuales, falsos autónomos y otras circunstancias.
  • Exige que se asegure la protección de las personas trabajadoras en salud laboral, evitando exponerse en trabajos no indispensables, obligando al teletrabajo cuando sea posible y haciendo real la conciliación de los cuidados con la continuidad de los puestos de trabajo.

El Gobierno ha anunciado una partida de 200.000 millones para sostener la economía del Estado, que van desde el freno a los desahucios para familias que hayan visto recortado sus ingresos o perdidos sus empleos, garantizar los suministros de agua, gas y luz ante impagos o apostar por la investigación. Medidas muy lejanas de otras acometidas por Gobiernos europeos como Italia que ha prohibido los despidos o Francia que ha paralizado el pago de impuesto y cotizaciones.

Desde el punto de vista laboral, resaltamos las medidas tomadas ante despidos, suspensión de actividad, teletrabajo, flexibilidad horaria y cuidados. A este respecto, desde CNT, pensamos que se debería haber apostado por los trabajadores, ya que a los empresarios sí les están ayudando con los últimos decretos con medidas como exonerarles del pago de los seguros sociales durante el ERTE, sin embargo, a las personas trabajadoras nos han dado “como ayuda” poder ser despedidos, ya que en los ERTE ya se cobraba el desempleo al 75%, generando de esta forma una merma en la renta familiar de un 25%.

La mayoría de los contratos en España son temporales, y no tendrán derecho a ERTEs por causa del COVIP 19, debido a que han sido rescindidos, incluso antes de que se decretara el Estado de Alarma. También es el caso de los falsos autónomos, que han quedado expuestos ante esta crisis y no han sido mencionados por el Ejecutivo.

Se deja en manos de los empresarios la buena predisposición a despedir o hacer EREs y que los despidos sean temporales, pero, como sindicato, exigimos que haya medidas que garanticen queningún trabajador sea expuesto a peligro yendo a un trabajo no dispensable, acudiendo a su puesto de trabajo cuando es posible teletrabajar (aunque ya dispongan de ordenadores, como la medida propuesta), tener problemas para conciliar con la suspensión de clases o con todos los empleos en la economía sumergida que no están incluidos en las medidas de este decreto.

También hacemos un especial llamamiento para garantizar los equipos de protección de todos los trabajadores y trabajadoras que sí tienen que garantizar los servicios mínimos. Sanitarios y transportistas obligados a doblar turnos y trabajar a destajo, cajeras y limpiadoras expuestas al contagio o cuidadoras de personas dependientes en casas o residencias que no pueden permitirse enfermar. Y exigimos un plus de peligrosidad para estas personas obligadas a atender al público poniendo en peligro su salud.

No podemos dejar de ver el carácter de género de esta crisis: el cuidado de mayores, menores y dependientes recaen mayoritariamente en mujeres, aquellas que sufren en porcentaje de contagios mayor, mientras siguen realizando el doble trabajo incluso en cuarentena. También resaltamos la invisibilización y falta de protección a nuestras compañeras, que están en puestos de trabajo precarios en sectores feminizados, desde las cajeras hasta las limpiadoras, pasando por el sector del telemarketing.

Ante cualquier circunstancia, duda o necesidad de asesoramiento, acude a tu sindicato.

Organizadas lo lograremos, solas no

CNT-INFORMA-Covid-19Descarga

Medidas económicas y laborales del gobierno ante la crisis del coronavirus

  • CNT reclama la defensa de los trabajadores despedidos, tanto en EREs encubiertos, por ser eventuales, falsos autónomos y otras circunstancias.
  • La central anarcosindicalista exige “que se asegure la protección de las personas trabajadoras en salud laboral”, evitando exponerse en trabajos no indispensables, obligando al teletrabajo cuando sea posible y haciendo real la conciliación de los cuidados con la continuidad de los puestos de trabajo.

El Gobierno ha anunciado una partida de 200.000 millones para sostener la economía del Estado, que van desde el freno a los desahucios para familias que hayan visto recortado sus ingresos o perdidos sus empleos, garantizar los suministros de agua, gas y luz ante impagos o apostar por la investigación. “Medidas muy lejanas de otras acometidas por Gobiernos europeos como Italia que ha prohibido los despidos o Francia que ha paralizado el pago de impuesto y cotizaciones”, según CNT.

Desde el punto de vista laboral, se resaltan las medidas tomadas ante despidos, suspensión de actividad, teletrabajo, flexibilidad horaria y cuidados. A este respecto, desde CNT, “pensamos que se debería haber apostado por los trabajadores y trabajadoras”, ya que a los empresarios sí les están ayudando con los últimos decretos con medidas como exonerarles del pago de los seguros sociales durante el ERTE, sin embargo, “a las personas trabajadoras nos han dado “como ayuda” poder ser despedidos”, ya que en los ERTEs ya se cobraba el desempleo al 75%, generando de esta forma una merma en la renta familiar de un 25%, denuncia la central anarcosindicalista.

La mayoría de los contratos en el Reino de España son temporales, y no tendrán derecho a ERTEs por causa del COVID-19, “debido a que han sido rescindidos, incluso antes de que se decretara el Estado de Alarma”, denuncia la CNT. También es el caso de los falsos autónomos, que han quedado expuestos ante esta crisis y no han sido mencionados por el Ejecutivo.

Se deja en manos de los empresarios, la buena predisposición a despedir o hacer EREs y que los despidos sean temporales, pero, como sindicato, “exigimos que haya medidas que garanticen que ningún trabajador sea expuesto a peligro yendo a un trabajo no dispensable, acudiendo a su puesto de trabajo cuando es posible teletrabajar (aunque ya dispongan de ordenadores, como la medida propuesta), tener problemas para conciliar con la suspensión de clases o con todos los empleos en la economía sumergida que no están incluidos en las medidas de este decreto”.

CNT también hace un especial llamamiento para garantizar los equipos de protección de todos los trabajadores y trabajadoras que sí tienen que garantizar los servicios mínimos. “Empleadas de la sanidad y transportistas obligadas a doblar turnos y trabajar a destajo, cajeras y limpiadoras expuestas al contagio o cuidadoras de personas dependientes en casas o residencias que no pueden permitirse enfermar”. La central sindical exige un plus de peligrosidad para estas personas obligadas a atender al público poniendo en peligro su salud.

Según la organización anarcosindicalista, “no podemos dejar de ver el carácter de género de esta crisis: el cuidado de mayores, menores y dependientes recaen mayoritariamente en mujeres, aquellas que sufren en porcentaje de contagios mayor, mientras siguen realizando el doble trabajo incluso en cuarentena”. También resalta la invisibilización y falta de protección “a nuestras compañeras, que están en puestos de trabajo precarios en sectores feminizados, desde las cajeras hasta las limpiadoras, pasando por el sector del telemarketing”.

Para acabar, desde CNT se facilita el siguiente resumen de las medidas tomadas por el Consejo de  Ministros el 17 de marzo en lo que a las medidas de carácter laboral respecta.

RESUMEN RDL 8/2020, DE 17 DE MARZO

Se trata de una norma que abarca diferentes medidas, de carácter económico, laboral y social,  para hacer frente al impacto económico del Coronavirus, figurando entre las laborales, las siguientes:

1.- Suspensión del contrato por fuerza mayor:

a) Se entiende que concurre fuerza mayor en todos aquellos supuestos en los que la suspensión o cancelación de la actividad está relacionada con el Coronavirus y el corolario de efectos que la pandemia ha tenido como la declaración del estado de alarma, la afectación al transporte público: estamos ante una cláusula general que en la mayoría de los casos no va a provocar problemas para ser reconocida.

b) El procedimiento de suspensión de contratos laborales por fuerza mayor no varía respecto al previsto en el art. 47 en relación al 51.7 ET y en el RD 1483/2012, de 29 de octubre, en sus artículos 31 al 33, manteniéndose el plazo de cinco días y, únicamente, modificando el carácter preceptivo del informe que la autoridad laboral recaba a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), en potestativo, persiguiendo de ese modo dar una respuesta aún más rápida.

La autoridad laboral lo único que deberá acordar es si concurre o no de la causa de fuerza mayor alegada, correspondiendo a la empresa su aplicación concreta.

c) Se establece una exoneración en el pago de la cuota empresarial a las empresas que hayan suspendido los contratos laborales o reducido la jornada, por fuerza mayor, siendo total en las que tengan menos de 50 trabajadores, y del 75% en el resto, sin que tal medida tenga efecto alguno en los trabajadores, manteniéndose el carácter de cotizado en dicho periodo.

2.- Suspensión de contrato por causas económicas, técnica, organizativa o de producción:

a) Regulado el procedimiento, con carácter general en el art. 47 ET y en el RD 1483/2912, en sus arts. 16 al 24, únicamente se reducen los plazos, pasando de 7 días a cinco, el máximo para constituirse la comisión negociadora, y de 15 días a 7, el periodo de consultas, y dando carácter de potestativo al informe de la ITSS.

3.- Se dota de carácter preferente al teletrabajo, salvándose la obligación de evaluar los puestos de trabajo, del art. 16 LPRL,  por medio de una “autoevaluación” que deberá realizar el propio trabajador (en un anexo del borrador del RD que se ocupaba de las medidas laborales, se daba un ejemplo de cómo hacerlo).

Las dudas que tal “autoevaluación” plantea, son numerosas y habrá que ir viendo cómo afrontarlas máxime si la LPRL, en su  art. 14.4 dispone que el cumplimiento de las obligaciones en prevención de riesgos laborales es siempre una obligación del empresario, fuere cual fuere el modelo de gestión que haya adoptado.

4.- El derecho de reducir y adaptar la jornada laboral por cuidado de familiares del art. 37.6 ET, conoce diversas modificaciones:

a) Comprenderá tanto la reducción de la jornada como su adaptación, modificando el turno, el horario, la jornada, continúa o partida,  las funciones, cambio de centro de trabajo que posibilite al trabajador “pueda dispensar la atención y cuidado objeto del presente artículo” (art. 6.2).

b) El plazo de preaviso de 15 días contemplado, con carácter general en el art. 37.6 ET se reduce a veinticuatro horas.

c) La reducción de la jornada podrá alcanzar el 100%, siempre que se justifique adecuadamente y sea razonable y proporcionado en atención a la situación de la empresa: este condicionante puede plantear problemas al quedar como un concepto indeterminado la razonabilidad y proporcionalidad y qué se entiende por estado de la empresa: su situación económica, estratégica en este momento…

d) Como ya lo preveía el art. 37.6 ET, el procedimiento para solventar las discrepancias en este apartado se sustanciará por el previsto en el art. 139 LRJS, que por su carácter urgente sí dará lugar a su tramitación, señalamiento y vista en este periodo.

5.- Las prestaciones por desempleo merecen una mejora,  prevista ya en los supuestos de suspensión de contrato por fuerza mayor, para los dos supuestos de suspensión del contrato:

a) No será necesario el periodo de carencia necesario de 360 días en los seis últimos años para causar la prestación de desempleo.

b) Pese a su poca afortunada redacción, los perceptores de la prestación no consumirán los periodos acumulados por esta prestación de desempleo.

c) La base reguladora será, como hasta ahora, el promedio de los 180 últimos cotizados o, en su defecto, del periodo cotizado inferior.

El estado de alarma no anula los derechos laborales

  • CNT denuncia la inseguridad jurídica y de salud a la que se está exponiendo a los y las trabajadoras
  • No vamos a dejar que las empresas se aprovechen de esta situación”, ha declarado la organización anarcosindicalista

El Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus “ha dejado muchas cuestiones sin resolver en lo que a derechos laborales corresponde”, denuncia CNT. Por un lado, obliga a ir a trabajar sin que realmente se proteja la salud laboral de los y las trabajadoras; y por otro, se están creando muchas inseguridades respecto a los derechos laborales en caso de despidos y medidas empresariales de carácter colectivo. “Habrá que esperar al martes para tener una información más clara”, ha dicho CNT.

En el Real Decreto 463/2020, en su disposición adicional segunda, se suspenden los plazos procesales: el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en el que acabe el estado de alarma. Sin embargo, en caso de despidos o diferentes medidas, “recomendamos que se contacte con el sindicato, para valorar la situación en cada caso”, ha resaltado la organización anarcosindicalista.

En el caso de medidas empresariales, “hay que exigir que cualquier comunicación y variación se haga por escrito”, ha dicho el sindicato. Desde CNT se hacen las siguientes recomendaciones:

Si hay que ir a trabajar, hay que exigir que se cumpla todo lo relacionado con la prevención de riesgos y que desde la empresa se faciliten los Equipos de Protección Individuales para este tipo de casos.

Toda opción que se presente por la parte empresarial, debería negociarse con la plantilla. Si se aplicara de manera unilateral, hay que exigir que se comunique la medida con todo detalle por escrito y nunca mostrar conformidad (firmar no conforme). En el sindicato ya se valorará la legalidad de cada medida una por una.
La empresas pueden intentar aplicar medidas que van desde tomar permisos retribuidos, ofrecer teletrabajo, adaptar la jornada o turnos de trabajo, aplicar ERTEs, reducciones de jornada; hasta aplicar despidos, no renovaciones de contrato, EREs… Ante todas estas medidas nunca mostrar conformidad (firmar no conforme).

Desde CNT se alerta que esta situación “ya está siendo aprovechada por muchas empresas para aplicar medidas en contra de los y las trabajadoras”, además de que, tal como está la situación ahora mismo, el sindicato denuncia que no se sabe qué va a ocurrir con las trabajadoras que no tengan derecho a prestación por desempleo durante los ERTEs, además que de cara al futuro, se está consumiendo tiempo del derecho a percibir el desempleo.

De cara a los ERTEs, hasta que el martes no se publique el decreto que regule la situación actual, en el ámbito de las relaciones laborales la legislación en vigor dice lo siguiente:

Los arts. 45.1-i); 47.3 y 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, regulan la suspensión temporal del contrato laboral causada por fuerza mayor.

El procedimiento se inicia por comunicación a la autoridad laboral y, simultáneamente, a los representantes de los trabajadores que serán parte interesada en el expediente, de la causa mayor que concurre, proponiendo los medios de prueba que estime oportuno para acreditarla. En el caso presente, y a salvo de lo que se dicte el próximo martes, la fuerza mayor se desprende de la situación presente.

El procedimiento contempla la audiencia de las partes, empresa y representación legal de los y las trabajadoras y, asimismo, que la autoridad laboral deberá recabar el preceptivo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La autoridad laboral deberá resolver en el plazo máximo de cinco días estableciendo si existe o no fuerza mayor.
De ser favorable a su existencia, el empresario decidirá qué contratos laborales deben suspenderse, comunicándolo a la Autoridad Laboral y a la representación legal de los y las trabajadoras.

La impugnación tiene que realizarse en el plazo de veinte días (como en el caso de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo) y podrá instarla, tanto el empresario, si la resolución administrativa es desfavorable a su solicitud o la representación legal de los y las trabajadoras o trabajadoras afectados.

En el supuesto presente, dado el estado de alarma o emergencia sanitaria, entiendemos que la fuerza mayor se presume en, prácticamente todas las actividades empresariales.

Por último, el Real Decreto 1483/2012, regula los procedimientos de despido colectivo, de suspensión de contratos y reducción de jornada.

Por otro lado, por parte del Gobierno queda por resolver:

Si se va habilitar un procedimiento administrativo aún más rápido para que las empresas logren poner en suspensión a su plantilla: algo se dijo en este sentido luego de la reunión de sindicatos y patronal.

Señalar, finalmente, que la prestación contributiva supone el 75% los 180 primeros días y el 50% el resto del periodo, de su base reguladora, que se obtiene por el promedio de las cotizaciones de los 180 últimos días anteriores al hecho causante del desempleo, en este caso la comunicación por el empresario de la suspensión del contrato laboral, mientras que el subsidio, de cumplirse los requisitos, supone un 80% del IPREM que, para 2020, asciende a 430,27 €.

La tramitación de la prestación o subsidio habrá de realizarse, presumiblemente, «ON LINE».

Por último, la organización anarcosindicalista llama a la clase trabajadora a estar alerta en las empresas y actuar de manera colectiva

[Avilés] En huelga de hambre intoxicados por mercurio en Azsa

Actualización: 
Concentración/manifestación de apoyo:
Miércoles 7 de Noviembre a las 17:30h
Lugar: Entrada factoría Azsa, San Juan de Nieva (Avilés)

Su estado físico se va deteriorando a pasos agigantados dado que llevan una semana sin comer y arrastran las secuelas físicas de la intoxicación por mercurio. La situación meteorológica estos días pasados ha sido muy dura, con vientos fuertes y lluvia torrencial. 

Es fundamental mostrar nuestro apoyo y solidaridad para con los trabajadores que ven afectada su propia salud por las penosas condiciones laborales. 

Objetivos de la huelga de hambre:

  • Hacer visible la desesperada situación de gran parte de los trabajadores envenenados por Azsa en cuanto a:
    – Nuestra salud. Sufrimos gravísimas secuelas derivadas del envenenamiento, tanto a nivel físico como mental, no hay órgano que no tengamos afectado, incluido el cerebro. Las secuelas físicas y psicológicas que sufrimos se van agravando y aparecen otras nuevas. Tenemos ya 5 casos de Parkinson entre nosotros. Tomamos una media de 15 dosis de medicamentos diarios, incluidos opiáceos, ya que padecemos dolores crónicos, se nos caen los dientes, perdemos vista y oído y nuestras facultades mentales están cada día más mermadas.
    -Nuestra precaria situación económico-social. Sólo unos 15 de los 49 envenenados tienen reconocida algún tipo de incapacidad, el resto no estamos en condiciones físicas ni mentales de trabajar, sobrevivimos como podemos. Tras casi 6 años nuestros ahorros se acabaron, algunos contamos con la ayuda de familiares, otros tuvimos que pedir créditos a los bancos, esperando que las compensaciones económicas de los seguros no tardaran mucho, pero muy pocos las han cobrado, los intereses se acumulan y la deuda crece. Alguno de nosotros sobrevivimos únicamente con el salario social.
  • Exigir a Asturiana de Zinc e IMSA el cumplimiento íntegro del acuerdo firmado entre ambas empresas y cada uno de los trabajadores en octubre de 2013. A pesar de que dicho acuerdo era de carácter indefinido, ellos dejaron de cumplirlo en 2015, dejándonos incluso sin poder realizar las pruebas y tratamientos que teníamos pendientes.
  • Exigir a la Consejería de Sanidad y a la mutua Fremap el cumplimiento de sus obligaciones para con los trabajadores envenenados por Azsa en 2012, proporcionándonos la atención médica adecuada que precisamos, incluyendo especialistas expertos en intoxicaciones por metales pesados.
  • Pedir a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ayudas para aquellos de nosotros que nos encontramos en riesgo de exclusión social.

Fuente: Asociación de Intoxicados por Mercurio 

La historia detrás de todo esto es la que sigue:

Tres de los trabajadores afectados por la intoxicación de Asturiana de Zinc en 2012 llevan en huelga de hambre desde el pasado día 30 de octubre para reclamar que la empresa cumple con el acuerdo alcanzado en 2013.

Seis años después de la intoxicación por mercurio en Asturiana de Zinc (Azsa), el mayor accidente laboral de este tipo en los últimos treinta años, los trabajadores afectados denuncian su abandono y reclaman atención médica especializada y ayudas económicas para aquellos que están en situación de exclusión social.

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